Reclamaciones territoriales y territorios en disputa

España reclama históricamente la retrocesión de la colonia (actualmente Territorio Británico de Ultramar) de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas angloholandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española (1704), pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht (1713). La reclamación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el siglo XVIII, languideció durante el XIX y primera mitad del XX y fue llevada por el gobierno franquista a Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto (2231 y 2353) que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses, y no los deseos de los gibraltareños, debían ser respetados (Véase Historia de Gibraltar). España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el istmo que une el continente con el peñón.
Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza (si bien no reclama activamente su soberanía), cedida por Portugal a España mediante el tratado de Badajoz (1801). Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligaban a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, España no reconoce las pretensiones de soberanía de Portugal sobre las islas Salvajes.

También la soberanía sobre el deshabitado islote de Perejil se encuentra disputada con Marruecos. Aunque desalojada tras el incidente de la isla Perejil (2002), por acuerdo entre ambos países no se encuentra asentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de los territorios de Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el partido Istiqlal, reclaman la inclusión en el denominado "Gran Marruecos" de las islas Canarias.

Organización territorial

España es una nación organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. El Título VIII de la constitución establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, éstas con competencias para gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la Constitución y de cada Estatuto de autonomía. Aunque Navarra no se constituyó propiamente en Comunidad Autónoma, siendo una Comunidad Foral, y no habiendo desarrollado un Estatuto de Autonomía, sino articulando un amejoramiento de sus fueros tradicionales, es considerada comunidad autónoma a todos los efectos, según la interpretación del Tribunal Constitucional.

Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de 50.

Desde 2003 se ha adoptado la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, o unidades NUTS, de tres niveles, con fines meramente estadísticos basados en las normativas europeas y fijados por el Eurostat. Las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-3; las 17 comunidades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-2; y para los niveles NUTS-1 se han creado los grupos de comunidades autónomas.

Política internacional

España forma parte de organizaciones globales como las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; continentales como la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el tratado de la Unión Europea Occidental y de la Agencia Europea de Defensa; y organizaciones que estrechan lazos históricos y culturales del vínculo transatlántico como la Unión Latina, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y la ABINIA.

El gobierno español contribuye a la financiación de la ONU en un 2,52% de su presupuesto anual (2006). Respecto a la pertenencia a los siete organismos de Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), España ha firmado y ratificado todos los órganos exceptuando la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (MWC). Además, en la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), España ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos

Defensa

La responsabilidad de la defensa nacional recae en las Fuerzas Armadas que tienen asignadas por medio del artículo octavo de la Constitución Española "la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Las Fuerzas Armadas Españolas se han dividido tradicionalmente en tres armas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. A estas armas se suma la Guardia Real, un cuerpo protocolario segregado que realiza labores fundamentalmente de seguridad.

España forma parte de las naciones más importantes del EUFOR, y del Eurocuerpo, así mismo ocupa una posición destacada en la estructura de la OTAN, en la que ingresó en 1982. Además de ser la sexta flota naval más poderosa y poseer el cuerpo de Infantería de Marina más antiguo del mundo.

Estado de las Autonomías

España es en la actualidad lo que se denomina un “Estado de Autonomías”, un país formalmente unitario pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico, que garantizase un mayor grado de autogobierno sólo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España –comunidades autónomas de régimen especial– (Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco). Por otro lado, el resto de comunidades autónomas –comunidades autónomas de régimen común– dispondría de un menor autogobierno. Sin embargo, estaba previsto que a medida que fueran pasando los años, estas comunidades fueran adquiriendo gradualmente más competencias.

Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público; algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar (a excepción del cupo) con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco, están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente autónomos que remplazan las funciones de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en Navarra todavía en proceso de traspaso (véase Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, y Policía Foral de Navarra).

División de poderes

El poder ejecutivo lo forma un Consejo de Ministros presidido por el Presidente del Gobierno, que ejerce como Jefe de Gobierno. Es el monarca quien propone al Presidente del Gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras conserve la confianza del Congreso de los Diputados.

El poder legislativo se establece en las Cortes Generales, que son el órgano supremo de representación del pueblo español. Las Cortes Generales se componen de una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 miembros elegidos por votación popular, en listas cerradas y mediante representación proporcional elegidos por circunscripciones provinciales, para servir en legislaturas de cuatro años. El sistema no es absolutamente proporcional puesto que existe un número mínimo de escaños por circunscripción (3) y se usa un sistema proporcional levemente corregido para favorecer las listas mayoritarias (el Sistema d'Hondt). El Senado cuenta actualmente con 259 escaños, de los cuales 208 son elegidos directamente mediante voto popular ,por circunscripciones provinciales, en cada una de las cuales se eligen 4 senadores, siguiendo un sistema mayoritario (3 para la lista mayoritaria, 1 para la siguiente), excepto en las islas, Baleares y Canarias (en los que la circunscripción es la isla) y los otros 51 son designados por los órganos regionales para servir, también, por periodos de cuatro años.

El poder judicial está formado por el conjunto de Juzgados y Tribunales, integrado por Jueces y Magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey (véase Poder Judicial de España).

Siglo XXI

El siglo XXI empieza con los efectos del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a España a implicarse en dos conflictos: la ocupación de Afganistán y la invasión de Iraq. Este último conflicto y la gestión del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid provocaron un distanciamiento entre el gobierno y parte de la opinión pública española. Todo ello desembocó en la elección de un nuevo gobierno del PSOE, tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004.

El euro, moneda oficial en la llamada «Zona Euro» de Europa desde 1999, se convirtió en la moneda de cambio oficial el 1 de enero de 2002, reemplazando a la peseta. Los ciudadanos lo empezaron a usar en la vida cotidiana, a pesar de las protestas por la subida encubierta de los precios que supuso este cambio de moneda. Entre 1993 y 2007 se produjo una importante expansión de la economía española, basada fundamentalmente en el sector de la construcción, que quedó amenazada por las consecuencias globales de la crisis económica de 2008.

A finales del siglo XX España recibió a una gran cantidad de inmigrantes de países latinoanoamericanos como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú o República Dominicana, así como de diferentes zonas de África, Asia y Europa. El fuerte crecimiento económico de tipo expansivo que ha presentado el país desde 1993 ha requerido una gran cantidad de mano de obra. Según anunció el director del Banco de España en febrero de 2007, España se podría situar como la séptima mayor economía del mundo.
El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004, convirtiéndose José Luis Rodríguez Zapatero en el quinto presidente del gobierno de la democracia.

Con Zapatero como Presidente del Gobierno se retiran las tropas españolas que permanecían en Iraq. Ello ocasiona un considerable enfriamiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Se firma la Constitución Europea y se realiza el referéndum de la Constitución Europea, en el que los ciudadanos españoles aprueban el tratado. También se aprueba el matrimonio homosexual, entre otras reformas de carácter social prometidas en el programa electoral de los socialistas.

El miércoles 22 de marzo de 2006 la organización terrorista ETA anunció su segundo alto al fuego, roto el sábado 30 de diciembre de ese mismo año con la colocación de una furgoneta bomba en la recién estrenada Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, atentado en el que dos personas perdieron la vida.

Las elecciones del 9 de marzo de 2008 dieron la victoria de nuevo al PSOE y renovaron el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas ganaron los comicios con 169 escaños (5 más que en las elecciones de 2004) frente a los 154 del Partido Popular (6 más que en las elecciones de 2004). Los partidos nacionalistas sufrieron un importante descenso, a excepción de CIU que mantuvo sus 10 diputados. Izquierda Unida perdió su grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, al obtener solamente 2 escaños. Las elecciones de 2008 consolidaron y reforzaron el bipartidismo.